DESTACADAS

Pronunciamiento situación niñez y adolescencia final con adhesiones

PRONUNCIAMIENTO

 

En abril del corriente año, diversas organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, políticos, sociales, eclesiales  y distintas personas hemos hecho llegar al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño mediante un detallado informe, nuestra preocupación y rechazo frente a la grave situación que afecta a los/las niños/as y adolescentes de nuestro país. La exposición presentada desde este espacio de articulación, sirvió como otro insumo para analizar la alarmante situación actual que atraviesa esta población en Argentina, especialmente en sectores empobrecidos.

Frente a ello, el Comité de Naciones Unidas, elaboró una serie de recomendaciones, sobre las que no se observa que se esté actuando desde las jurisdicciones gubernamentales pertinentes.

En cuanto a la asignación de recursos el Comité señala en su punto 9 que sigue gravemente preocupado porque el nivel de inversión en los niños/as desde el Estado parte no ha sido lo suficientemente alta como para compensar el impacto negativo de la severa crisis económica y social que comenzó en 2002, y que esto ha llevado a un aumento de la pobreza y la desigualdad social.

Según datos de 2018 de la Universidad Católica Argentina (UCA),  la pobreza infantil aumentó al 62,5% y hay 8 millones de niños/as privados de algún derecho, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes es pobre y 3/10 están en la indigencia.

El presupuesto de hambreo y profundización de la miseria planeado para el año entrante enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (que ya cuenta con media sanción), desoye dichas recomendaciones, y proyecta recortes en áreas sensibles. Particularmente respecto de niñez y adolescencia, se observa una reducción de casi el 35% en términos reales, tomando la inflación promedio de 34,8% contemplada desde el propio Ejecutivo en el Presupuesto 2019 (1).

Con respecto a esto el Comité en sus recomendaciones es claro, en el párrafo 10 - con referencia a su Observación general Nº 19 (2016) sobre el presupuesto público para la realización de los derechos de los niños/as -, recomienda al Estado Parte:  

1.- Asignar recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, a todos los niveles de gobierno, para la ejecución de todas las políticas, planes, programas y medidas legislativas dirigidas a los niños, y establecer mecanismos apropiados y procesos inclusivos a través del cual la sociedad civil, el público y los niños pueden participar en todas las etapas del proceso presupuestario, incluyendo la formulación, implementación y la evaluación;

2.- Definir las líneas presupuestarias para los/as niños/as en situación de desventaja o marginados/as, en particular los niños/as con discapacidad y los niños/as indígenas, que pueden requerir medidas sociales afirmativas y asegurar que esas partidas presupuestarias queden protegidas aun en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras situaciones de emergencia.

 

Ataque a los derechos económicos, sociales y culturales de niños/as, adolescentes y jóvenes. Desmantelamiento del sistema de protección integral y de políticas de género.

Como otra cara de la misma moneda, la avanzada punitiva se produce a la par de un ataque a los derechos económicos, sociales y culturales que afecta a todos/as los/as niños/as y adolescentes, y puntualmente al desmantelamiento del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la Nación. Al mismo tiempo se atacan la educación pública (recortando programas y becas de finalización de estudios secundarios (2), cerrando escuelas, dejando niños/as sin vacantes –y con ello por fuera de los derechos de la seguridad social-); se desarman políticas educativas y de inclusión digital (3); se desvalorizan políticas de asignación presupuestaria directa a la infancia (4) y se impulsan iniciativas estatales que cercenan la ciudadanía de niños/as y adolescentes (5).

Simultáneamente se desfinancian los recursos y dispositivos estatales así como también se ataca a los financiamientos y becas que va en detrimento del desarrollo de proyectos de promoción y protección de derechos de las organizaciones comunitarias en los barrios populares. También se están produciendo sostenidos recortes en el presupuesto  de las políticas de género.

El Estado de pauperización de niños, niñas y jóvenes fue relevado por informes de organismos internacionales especializados: en efecto hacia el año 2017 el 47,7%  de los/las chicos/as vive en la pobreza en la Argentina, y esta situación se agrava en la franja de los/las adolescentes, es decir, el grupo más golpeado por la violencia policial y la omisión estatal, tal así lo revela un informe de UNICEF (6).

En relación a la pobreza el Comité en el punto 35 dice: El Comité está muy preocupado de que los niveles de pobreza multidimensional y la pobreza infantil siguen siendo altos, mientras que los sistemas de protección social a disposición de los niños son limitados, en particular durante la primera infancia y los niños indígenas, los niños con discapacidad y los niños que viven en zonas remotas. Además, le preocupa que la crisis financiera ha tenido un impacto negativo en los sistemas de protección social en el Estado parte, lo que resulta en una cobertura insuficiente y los retrasos en el procesamiento de las asignaciones de beneficios para los niños y sus familias, en particular a nivel provincial. También está preocupado por los casos de niños que viven en vivienda de calidad inferior y con acceso limitado a los servicios básicos, como agua potable limpia y segura y al saneamiento, en particular los niños indígenas y los niños procedentes de la migración.  

En su párrafo 36 el Comité llama la atención para orientar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la implementación de sistemas y medidas de protección social adecuadas a nivel nacional para todos/as, y recomienda que el Estado Parte refuerce los programas integrales de protección social para los/as niños/as y sus familias, con un enfoque específico en los niños/as y las familias en situación de riesgo y en la mayor necesidad de apoyo.

Sin embargo, la respuesta estatal es todo lo opuesto. Ante el pedido específico de asegurar que las medidas de protección social cubran los costos reales de un nivel de vida digno para los niños/as y adolescentes, incluidos los gastos relevantes para su derecho a la salud, dieta nutritiva, la educación, la vivienda, el agua y el saneamiento, entre otras, las medidas gubernamentales se enfocan en el recorte y eliminación de planes sociales, en el atraso del pago de subsidios. A ello se suma una política encarnizada de despidos, paritarias a la baja, recorte de jubilaciones, entre otras medidas que afectan directamente las posibilidades de desarrollo de las niñas/os, adolescentes y sus grupos familiares. Para dar un ejemplo, “un plan social hoy permite comprar la mitad de los alimentos que su equivalente a finales de 2015 (7)

A esto se debe sumar la burocratización que conlleva tramitar los mínimos planes y subsidios, que contienen un sinfín de papeles, presentaciones, entrevistas, etc., difíciles de atravesar y sostener. Esto además implica gastos para traslados, así como también inconvenientes para poder realizarlos, debido a que la mayoría de las personas sobre las que recae esta tarea, son mujeres, quienes cargan con mayores grados de responsabilidad respecto del cuidado de sus hijos/as. Esto implica que, o bien tienen que estar con ellos/as durante interminables horas de gestión o no pueden hacerlo porque no pueden delegar la tarea de cuidado. Por tanto, lo sugerido por el Comité respecto de simplificar los procedimientos para familias con niños/as en situación de vulnerabilidad a tener un acceso rápido y adecuado a la protección social en diversas formas, tales como la ayuda financiera, servicios y asesoramiento, además de los beneficios fiscales existentes, no se está cumpliendo en absoluto.

A esto se debe sumar la burocratización que conlleva tramitar los mínimos planes y subsidios, que contienen un sinfín de papeles, presentaciones, entrevistas, etc., difíciles de atravesar y sostener. Esto además implica gastos para traslados, así como también inconvenientes para poder realizarlos, debido a que la mayoría de las personas sobre las que recae esta tarea, son mujeres, quienes cargan con mayores grados de responsabilidad respecto del cuidado de sus hijos/as. Esto implica que, o bien tienen que estar con ellos/as durante interminables horas de gestión o no pueden hacerlo porque no pueden delegar la tarea de cuidado. Por tanto, lo sugerido por el Comité respecto de simplificar los procedimientos para familias con niños/as en situación de vulnerabilidad a tener un acceso rápido y adecuado a la protección social en diversas formas, tales como la ayuda financiera, servicios y asesoramiento, además de los beneficios fiscales existentes, no se está cumpliendo en absoluto.

De acuerdo con el párrafo 31 de la Observación general 19, se dispone tener en  consideración que en tiempos de crisis económica, las medidas regresivas no pueden contemplarse sino después de evaluar todas las demás opciones y asegurar que los niños/as son los últimos en ser afectados, especialmente aquellos/as en situación de vulnerabilidad, y que las obligaciones básicas inmediatas y mínimas impuestas por los derechos de los/as niños/as no podrán verse comprometidas por medidas retrógradas, incluso en tiempos de crisis económica.  El paquete de medidas de ajuste enunciadas en este documento, se contradice plenamente con lo expresado en este párrafo. A esto se debe agregar que desde el eejecutivo se eliminó el régimen diferencial por zonas del país en relación a los montos de las asignaciones familiares, y se estableció un recorte de hasta 53% para las mismas. Además, subió el piso y bajó el techo de ingresos para acceder, lo que dejará fuera del beneficio a miles de familias (8).

Respecto de las políticas públicas del Estado en el área social, en el informe que presentamos ante Naciones Unidas, afirmamos que asistimos a un deterioro sistemático, producto de un desfinanciamiento que aumenta anualmente, con programas “vaciados” que disminuyen la capacidad de atención y con un nivel de precariedad que impide desarrollar medidas adecuadas, que promuevan una restitución real de los derechos vulnerados (9). La decisión política de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, se demuestra en presupuestos en los que crecen las partidas para las políticas públicas destinadas a la institucionalización y a la avanzada punitiva (sistema penal, policías, etcétera), frente a un debilitamiento de las políticas de prevención, promoción, y fortalecimiento familiar y comunitario. La falta de articulación, la desintegración y la focalización, impiden realizar un trabajo integral, a la vez que provocan situaciones de revictimización de niños, niñas y adolescentes, y sus familias.

Los recursos básicos necesarios para desarrollar estrategias que enfrenten situaciones de vulneración de derechos, son insuficientes o en muchos casos nulos. Como ejemplo de ello, los hogares convivenciales y también los centros de día, suelen encontrarse colapsados e incluso, en algunos casos, han sido cerrados dejando a la deriva y en una consecuente desprotección a niños/as y adolescentes. Asistimos a situaciones en que viven hacinados/as dentro de los hogares donde debieran estar resguardados/as, en los que casi se duplica el cupo para el cual fueron habilitados esos dispositivos. A ello se suma una falta de vacantes que es alarmante, generando que, ante medidas de protección ya dispuestas por el propio Estado, como en situaciones de violencia o abuso sexual, dicha violación de derechos persista.

Lamentablemente, ninguna de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas, han generado que desde las diferencias instancias de gobierno se promuevan acciones que reviertan el estado atroz en el que se encuentran los programas dedicados a trabajar en situaciones de vulnerabilidad social. Los servicios locales y zonales de protección de derechos a lo largo de todo el país, o las Defensorías Zonales en la CABA, cuentan con escaso personal para la cantidad de tareas que se deben atender, así como también no cuentan con el conjunto de políticas públicas necesarias para poder generar acciones efectivas que promuevan la restitución de derechos. Escasean las vacantes en escuelas. Se festeja con cinismo que cientos de niños/as tengan que atravesar grande extensiones territoriales en condiciones brutales, para poder acceder a la escuela. El acceso a una vivienda digna, al agua potable, es un drama sin resolución en muchas zonas del país.

Desde el Comité se realiza especial hincapié en la problemática del abuso, la explotación sexual, que incluye la trata con fines de explotación. Escasean los programas que abordan esta temática, y mucho menos que lo hagan de manera integral. La justicia actúa amparando a proxenetas, explotadores, abusadores, siendo que las causas no progresan. Se somete a niños/as y adolescentes a procesos de revictimización constantes, donde deben relatar las situaciones abusivas una y otra vez, para que luego no exista ningún tipo de condena. En muy pocas situaciones se asigna patrocinio o querella, debido a que son muy pocos los dispositivos que lo hacen en forma gratuita y el estado no propicia mecanismo que garanticen el impulso de las causas. Los/as chicos/as siguen quedando en peligro. Quienes ejercen violencia, impunes.

A ello hay que agregar que se cuenta con muy pocos refugios especializados a lo largo del país, y que los existentes, no cuentan con materiales propicios para sobrellevar una vida de encierro. Encierro que por cierto, es para las víctimas y no para victimarios.

La aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, sigue siendo una deuda. Esto sería de invaluable importancia para generar prevención, derribar mitos, aportar al cuidado del cuerpo, a fomentar espacios de confianza donde poder trabajar acerca del cuidado del cuerpo, de la intimidad, y donde poder expresar posibles situaciones de violencia, abuso, etc., por las que pudiera haber atravesado un/a chico/a. Además de negarse el acceso a la educación sexual, también es preocupante la escasez o negación de acceso a métodos de cuidado y prevención de infecciones de trasmisión sexual así como de embarazo.

En relación a los dispuesto sobre garantizar el acceso al aborto seguro y servicios de atención post-aborto para las adolescentes, asegurando que sus opiniones siempre son escuchadas y tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones, el Senado de la Nación, acaba de darle la espalda a ello.   

 

Sobre las deudas respecto de la puesta en funcionamiento del circuito de protección integral de derechos establecido en la Ley Nacional 26.061

El Comité reitera al Parte la necesidad de que finalice la espera de reformas legales en todas las provincias. También recomienda adaptar la legislación provincial y municipal con los marcos legales nacionales relacionados con los derechos de niño/as y adolescentes, en particular la Ley Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 26.061), lo que garantiza su aplicación estandarizada.  Esto aún continúa sin realizarse. Al igual que el nombramiento de un/a Defensor/a Nacional para Niños/as y Adolescentes, y la asignación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros.

A partir de evidenciarse que desde el gobierno nacional, no se generan mecanismos que conlleven al pleno acceso de los derechos establecidos en las normativas vinculadas a niñez y adolescencia, instamos a que se adopten las recomendaciones destinadas a fortalecer el sistema de protección integral y, muy especialmente, destinadas a la regulación adecuada del uso de la fuerza por parte del Estado, haciendo hincapié en la no criminalización de niños/as y adolescentes, y la evitación del uso de armas de fuego contra los/las mismos/as, así como la prioridad que tienen que tener en la formulación y ejecución de políticas de vivienda, alimentarias, salud, educación, seguridad, prevención y atención ante situaciones de abuso y explotación sexual.

Con el mismo compromiso con el que trabajamos día a día quienes conformamos este espacio de articulación, es desde donde seguiremos denunciando el grave estado en el que se encuentran millones de niños/as y adolescentes, quienes se encuentran inhabilitados/as de poder acceder a un pleno desarrollo, e instamos a las diferentes esferas gubernamentales a realizar las acciones pertinentes. Nosotros/as no somos cómplices de la exclusión, el maltrato, el destrato, y la discriminación a las que se somete a tantos/as chicos y chicas a lo largo del país. Nosotros/as estamos en pie de lucha, bregando por un presente y un futuro, con todos los derechos.

 

Adhieren:

Nora Cortiñas; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Osvaldo Bayer, escritor; Vicente Zito Lema, escritor; Alejandro Cussianovich; María Elena Naddeo; Elsa Pavón; Elsa Ohiro; Adriana Bordarampe; Juan Martín Guevara; Pablo Vommaro; Michelle Chavez Stefanelli; Elvira Figueroa; Julio Ancajima; Maria Guardia; Katia Espinoza; Liz Torres Coord General Callescuela Paraguay; Teresa Pereyra Cica; Cristina Peralta; Luciano Cabai; Aurora Costilla; Silvina Tenembaum; Sandra Vargas; Susana Cabana; Claudia Garcia; Patricia Peralta; María Guadalupe Farías; Claudia Garcia;

Asamblea Permanente por los derechos humanos; Madres de Plaza de Mayo línea fundadora; Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Movimiento Ecuménico por los derechos humanos (MEDH); Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa;

Foro por la Niñez ; Espacio No a La Baja Argentina; Niñez y Territorio;  Red Argentina No Baja; Familiares y Amigxs de Luciano Arruga; DNI sección Argentina;  La Miguelito Pepe; Casanova en Movimiento ; Negro Soy Chascomús; Centro Angelelli; Suma Qamaña; Fundación Farinello de Quilmes; Encuentro por la Niñez y Adolescencia, CABA;  Colectivo Juguete Rabioso; Hechos por los Derechos; CAREF Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados; Asociación Anahí; Amigos del Alma; Mutual Construyendo un Mundo Nuevo; Asociación Civil Los Naranjos -San Pedro; Centro Cultural y Comunitario Encuentro; Pompeya no Olvida; Flores Solidario; Lugar de Sol; Club social y deportivo los Leones de Isidro Casanova; Club social y deportivo Franja de Oro; Confederación Argentina de Clubes; La Red Lugano; Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC); Asociación Civil "El Coihue", Isidro Casanova, La Matanza; Fundación Amanecer; Yo no fui- asociación civil y cultural; Organizaciones Libres del pueblo San Martín; Cultura Popular San Martín;  Agrupación juvenil Simón Bolívar, San Martin; Red de Solano; Centro Ruca Hueney para personas con Discapacidad; Hogar Los Logros; son Nuestros hogar; Granero de Sueños; Instituto de formación de educadores de jóvenes, adolescentes y niños trabajadores de América Latina (IFEJANT); Asociación Callescuela Paraguay; Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs); Europa NNATs; Coordinación Regional de NATs (CORENATs) de Venezuela; Comunidades, Vida y dignidad de México; Coordinadora Regional de Salud de los Trabajadores (CORESAT) Venezuela;  Centro de Formación Laboral y Sindical (CENFORLASIN), Venezuela; Red de Salud y Trabajo miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)Venezuela;

Colectivo de Derechos de Infancia y adolescencia: Asociación para los Derechos de la Infancia (ADI) Provincia de Buenos Aires y CABA - Asociación SURCOS Provincia de Buenos Aires y CABA - Asociación Azul, La Plata Provincia Buenos Aires - Fundación Ayuda a la Niñez y a la Juventud CHE PIBE, Provincia Buenos Aires - Fundación Emmanuel, Provincia de Buenos Aires y CABA - Fundación de ayuda Integral  a Discapacidad e Infancia FAIDI, Miramar. Provincia Buenos Aires - Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez ( Movimiento de DDHH, Desayunador Villa Germinal ), Provincia de La Pampa  - Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes ( La Minga, CECOPAL, SERVIPROH, SEHAS, Programa del Sol ) Provincia de Córdoba - Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos - XUMEK. Provincia de Mendoza - Práctica Alternativa del Derechos - PRADE. Provincia de Santiago del Estero - Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales ANDHES Provincias de Tucumán y Jujuy - Asociación Civil Crecer Juntos . Provincia de Tucumán - Asociación Civil El Amanecer. Provincia de Formosa. Asociación Chicos.net.

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Defensoría del Pueblo de Pilar; Municipalidad General San Martín; Defensoría de Género e Infancia Derqui Pilar; Consejo local de mujeres del Bolsón, Río Negro;

Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE); Fundación Protestante Hora de Obrar ; Ana De Medio, Red Global de Religiones a favor de la niñez y miembro del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias; Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires;  Asociación la Iglesia de Dios (ALIDD); Peter Rochon, pastor Distrito Metropolitano IERP; Centro Cristiano Nueva Vida; Consejo latinoamericano de Iglesias (CLAI); Pastora Viviana Pinto Iglesia Evangélica Metodista; Misur (Red de Centros Comunitarios de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata en el conurbano bonaerense); Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS);

Red de docentes familias y organizaciones del Bajo Flores; ACCEP Asociación; Mesa Ejecutiva Colegio de Trabajadorxs Sociales de la Pcia. de Buenos Aires; Escuela media Carlos Geniso Civil por la Calidad Educativa Pilarense; Observatorio Participativo de Políticas Educativas de Pilar y Agrupación 23 de Agosto de Pilar;

CTA Autónoma; Secretario General Nacional Ricardo Peidro de CTA. Autónoma; ATE Nacional; Junta Interna Ate Sennaf; UTE-CTERA; CTA. Autónoma Regional Pilar; AREA de Niñez Ate Capital; Sergio Roberto Val, Secretario de Desarrollo Social CTA Autónoma, Mesa Nacional; CTA Matanza; UTE; ATE Seccional San Martín; CTA Autónoma San Martín; Margarita Noia Secretaria de DDHH de la CTA. Autónoma Capital; Agrupación Germán Abdala CTA Autónoma de Córdoba;

Movimiento Popular la dignidad; Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); Patria Grande; Juventud Rebelde, Patria Grande; Agrupación Lealtad y Solidaridad Peronista San Martín; Partido Justicialistas General San Martín; Néstor Daniel Peralta CTEP Ituzaingó;

 


(1) Ver Nota enviada a la Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, realizada por Fundación Sur, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Voz, Doncel, Fundación Kaleidos, Aldeas Infantiles Argentina, #InfanciaEnDeuda, que contó además con la adhesión de diversas organizaciones vinculadas al trabajo con niñas/os y adolescentes. 17 de Octubre de 2018. Ciudad

(2) Vg. Programa FINES.

(3) Vg. Programa Conectar Igualdad.

(4) Vg. Asignación Universal por Hijo. 

(5) Vg. Protocolo antitomas de colegios, véase “ El gobierno porteño implementará un nuevo protocolo para evitar las tomas de los colegios”, Maximiliano Fernández, 11/04/2018, Diario Infobae, disponible en https://www.infobae.com/educacion/2018/02/14/el-gobierno-porteno-implementara-un-nuevo-protocolo-para-evitar-las-tomas-de-los-colegios/

(6) Véase “Unicef: en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres” (7/6/17) Agencia Telam, disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201706/191611-chicos-pobreza-adolescentes-unicef-estadisticas.html

(7) Página 12. Sección El País, 15 de julio de 2018.

(8) Página 12. Sección Economía. “La tijera del FMI llega a las asignaciones”. 27 de Julio de 2018.

(9) “Mirá todos los recortes que hizo el Macrismo en programas de asistencia social” (18/06/17) https://portaldenoticias.com.ar/2017/06/18/ajuste-asistencia-social/

 

 

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LEY 27.455: EL ABUSO SEXUAL INFANTIL YA ES UN DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

Lo conseguimos. A dos semanas y media de que el Congreso aprobara el proyecto que impulsamos junto a Red por la Infancia, el Poder Ejecutivo finalmente publicó en el Boletín Oficial la modificación al Código Penal por la cual el abuso sexual infantil pasa a ser un delito de instancia pública. Ahora sí ya es ley. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/194538/20181025

Gracias a todos los que nos ayudaron a lograr esta conquista para que haya menos impunidad y más justicia. 

Al ser un delito de instancia pública, el Estado deberá investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Antes, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratificara la denuncia terminaba siendo un obstáculo para que haya justicia.

¿Por qué? Lamentablemente, en el 90% de los casos el abusador es un familiar varón de la víctima. Nada fácil acusar a un hermano, un hijo, una pareja, un padre. Consecuencia: se denuncia apenas el 10% de los casos y se condena menos del 1%. 

Ahora vamos por otro paso más. Queremos que el Congreso apruebe una ley complementaria. Protección a los profesionales obligados a denunciar: eximirlos del secreto profesional, de responsabilidades legales y reservar su identidad. 

Porque romper con la cultura de secreto e impunidad es responsabilidad de todos.

Si conocés cualquier caso de abuso sexual infantil, denuncialo al 0800-222-1717

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Ante los atropellos contra las familias hondureñas

“La construcción de una sociedad nueva o, por lo menos, mejor y más justa, no es sólo un problema económico y político; es también y por principio un problema de salud mental”.
–Ignacio Martín-Baró

La Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI con representación en 16 países y, principalmente las entidades de Honduras, Guatemala y El Salvador, ante el atropello a las familias hondureñas migrantes, expresamos:
Que a raíz del golpe de estado en junio del 2009, Honduras ha sufrido un declive en las condiciones de vida. Un declive que se refleja en el irrespeto a los derechos humanos como la salud, educación y en general en la falta de elementales condiciones para vivir dignamente. Esto ha provocado una crisis social, política y económica que ha profundizado con el atropello reciente a la voluntad popular de elegir soberanamente a su gobierno y modelo de país en el que se aspira a vivir. Un gobierno ilegítimo fue ilegalmente impuesto.
El crecimiento del fenómeno migratorio del país se ha acelerado en correspondencia con las condiciones inhumanas de vida que cada día se recrudecen en las familias hondureñas. El gobierno, por su parte no solo lo ignora, sino que prefiere atender a otros intereses particulares a espaldas de la grave condición de la gran mayoría de la población.
Esta realidad de migración forzada e inhumana se encuentra en las fronteras con prácticas que en lugar de ayudar agregan maltrato físico y psicológico a estas familias en condiciones de vulnerabilidad, principalmente niñas y niños cuyo impacto psicológico puede ser irreversible. Su acción de huir es obligada por la natural búsqueda de vivir mejor, al menos no seguir desviviendo. La migración no es un delito, es un derecho que debe respetarse.
Esto es una catástrofe social humanitaria que la sociedad entera debería asumir como tal y, en consecuencia, solidarizarse y mover los mecanismos necesarios para apoyar y asegurar la protección de las familias. Por nuestra parte, llamamos:
A las autoridades de gobierno a cumplir su mandato en favor de la población más humilde. Los estados son responsables de garantizar buenas condiciones de vida para todos sus habitantes y el trato digno a quienes transitan por su territorio. Deben cumplir el mandato de protección a los ciudadanos que transiten por su territorio principalmente la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes independientemente de su nacionalidad.
Se debe parar de inmediato la criminalización de la pobreza, en este caso manifiesta contra quienes desde la solidaridad, la asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos, acompañan esta migración. Un claro ejemplo de este abuso es el caso del hondureño Bartolo Fuentes.
A las organizaciones de cooperación internacional y profesionales humanitarios se dispongan a ser parte activa en aliviar el dolor y pérdida de estas familias apoyando el cuidado emocional y físico de las mismas, como elemento que fortalezca su resiliencia y capacidad de generar esperanza entre tanta desesperanza y sufrimiento, ya sea que continúen en la caravana o han decidido retornar.
Latinoamérica, octubre 20 de 2018

 


Diante de abusos contra famílias migrantes hondurenhas

"A construção de uma sociedade nova ou, pelo menos, melhor e mais justa, não é apenas um problema econômico e político; é também e como questão de princípio um problema de saúde mental ".
–Ignacio Martín-Baró

A União Latino-americana de Entidades de Psicologia, ULAPSI com representação em 16 países e principalmente entidades Honduras, Guatemala e El Salvador, para a indignação famílias migrantes hondurenhos, expressamos:
Que, na esteira do golpe de Estado de junho de 2009, Honduras sofreu um declínio nas condições de vida. Um declínio que se reflete no desrespeito aos direitos humanos, como saúde, educação e, em geral, na falta de condições básicas para viver com dignidade. Isto tem causado uma crise social, política e econômica que se aprofundou com a recente adição à vontade popular de soberanamente escolher o seu modelo de governo e do país em que nós aspiramos a viver indignação. Um governo ilegítimo foi ilegalmente imposto.
O crescimento do fenômeno migratório do país acelerou em correspondência com as condições desumanas de vida que estão aumentando a cada dia nas famílias hondurenhas. O governo, por sua vez, não apenas o ignora, mas também prefere atender a outros interesses privados por trás da grave condição da grande maioria da população.
Esta realidade forçada e migração desumano é nas fronteiras com práticas em vez de ajudar a adicionar abuso físico e psicológico dessas famílias em vulnerável, principalmente crianças, cujo impacto psicológico pode ser irreversível. Sua ação para fugir é forçada pela busca natural de viver melhor, pelo menos para não continuar a sobreviver. Migração não é um crime, é um direito que deve ser respeitado.
Esta é uma catástrofe social humanitário que toda a sociedade deve tomá-lo como tal e, consequentemente, a solidariedade e mover os mecanismos necessários para apoiar e garantir a protecção da família. Pela nossa parte, chamamos:
Às autoridades do governo para cumprir seu mandato em favor da população mais humilde. Os estados são responsáveis por garantir boas condições de vida para todos os seus habitantes e pelo tratamento digno daqueles que transitam por seu território. Eles devem cumprir o mandato de proteção para os cidadãos que transitam pelo seu território, salvaguardando principalmente crianças e adolescentes, independentemente de sua nacionalidade.
A criminalização da pobreza deve ser interrompida imediatamente, neste caso manifesta-se contra aqueles que, por solidariedade, assistência humanitária e defesa dos direitos humanos, acompanham essa migração. Um exemplo claro desse abuso é o caso do hondurenho Bartolo Fuentes.
As organizações de profissionais humanitários cooperação internacional e preparar-se para desempenhar um papel activo no alívio da dor e perda dessas famílias que apoiam o cuidado físico e emocional deles, como um elemento para reforçar a sua resiliência e capacidade de gerar esperança entre tanto desespero e sofrimento , se eles continuam na caravana ou decidiram voltar.
Latino-america, Outubro 20 da 2018

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Sobre la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 1254/2018

La FePRA comunica y contextualiza a los psicólogos de todo el país y a la comunidad en general su posición sobre la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 1254/2018. Recordamos para ello la participación de la FePRA en los antecedentes de esta está Resolución.

En 2004, gestionó la incorporación de y títulos de Licenciatura en Psicología y Psicólogo al artículo 43º de la Ley de Educación Superior (Resolución Nº 136/2004 MEN). En 2009 FePRA junto con otras instituciones formaron parte de la comisión redactora que originaron la Resolución Nº 343/2009 sobre los estándares de acreditación de las carreras de psicología, en cuyo ANEXO V se establecen las 16 (dieciséis) actividades reservadas al título de Licenciado en Psicología y Psicólogo.

FePRA en 2015 toma conocimiento de los acuerdos de plenarios en el ámbito de la Gestión Universitaria del MEN. FePRA accede a los documentos del acuerdo plenario de CU Nº 126/2013 y Disposición DNGU Nº 03/2014 y otros, por las que se da comienzo a la Elaboración de Criterios a seguir en la aplicación del artículo 43º de la LES.

FePRA no fue convocada a participar de esta instancia pero analiza esos documentos, tomando conocimiento de la Resolución Nº 1091 del CIN DEL 12/08/2015, que en su ANEXO III establece 5 (cinco) actividades reservadas al título de Licenciado en Psicología Y Psicólogo.

En conocimiento de esta Resolución y, considerando que debía formar parte de la discusión para la definición de las actividades reservadas al título de Licenciado en Psicología y Psicólogo -a pesar de no haber sido convocada ni por el CIN, ni por el Ministerio de Educación- elabora su propuesta que eleva al CIN y al MEN en octubre de 2015. No hubo respuesta oficial a la propuesta elevada.

LA RESOLUCIÓN Nº 1254 MEN DEL 2018, NO CONSIDERA la PROPUESTA de FePRA que ofrecía MAYOR PRECISIÓN al texto de la RESOLUCIÓN Nº 1091/2015-CIN y la posterior Resolución Nº 1131/2016-CIN. Incluso la propia Resolución Nº 1254/2018, explicita en sus considerandos “Que asimismo, el CONSEJO DE UNIVERSIDADES tuvo en cuenta las objeciones formuladas por distintas federaciones y colegios profesionales tanto respecto del Acuerdo Plenario Nº 126 como respecto de la Resolución CIN Comisión Ejecutiva Nº 1131/16, entendiendo que no se consideraban admisibles por su incompatibilidad con los criterios aclarados a lo largo del Acuerdo Plenario Nº 158 de fecha 21 de diciembre de 2017, así como con lo resuelto por Acuerdo Plenario Nº 30 y Resolución Ministerial Nº 815 de fecha 29 de mayo de 2009 donde se aclaró que “la fijación de actividades profesionales reservadas a quienes obtengan los títulos incorporados o que se incorporen a dicho régimen puedan compartir algunas de ellas”.

Acordamos en la necesidad de distinguir las actividades reservadas exclusivamente al título “que forman un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un título, que refieren a las habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes -fijadas y a fijarse por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES-, de los alcances de los títulos que es potestad de cada universidad y las actividades de los distintos ámbitos de incumbencias que nuestras leyes de Ejercido Profesional nos habilitan. Pero debido a que hay manifestaciones poco claras en la Resolución, FePRA manifiesta su RECHAZO a lo expresado en el Art. 3 DE LA RESOLUCIÓN Nº 1254/18. en dicho artículo se expresa en forma ambigua la referencia a las “ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE AL TÍTULO” y al mismo tiempo las ACTIVIDADES COMPARTIDAS. En su lectura se infiere una ambigüedad al término exclusividad.
FePRA ha defendido toda iniciativa que busque mejorar procesos de formación de trabajo, velando por el derecho a la SALUD y EDUCACIÓN, en el marco de construcciones DEMOCRATICAS y colectivas. Donde cuestiones tan caras como la defensa y la promoción del derecho a la salud y la educación, sean responsabilidades compartidas por todos los actores sociales.

En función de esto y en reunión asamblearia del día 25/05/18 se acuerda el siguiente Plan de Acción:

  • Solicitar audiencia con el Sr. Ministro de Educación de la Nación
  • Requerir por escrito los FUNDAMENTOS por los cuales según la Resolución Nº 1254/18 en sus considerandos establece que las OBJECIONES presentadas por Federaciones y Colegios Profesionales, “NO se consideraban ADMISIBLES por su INCOMPATIBILIDAD con los CRITERIOS ACLARADOS a lo largo del Acuerdo Plenario Nº 158 de fecha 21 de Diciembre de 2017”
  • Iniciar acciones por las vías administrativas y/o judiciales correspondientes en función de dejar sin efecto la Resolución
  • Considerar de vital importancia, CONVOCAR a esta discusión a las Unidades Académicas (AUAPSI y UVAPSI) y actores pertinentes sobre las implicancias de los procesos que hoy nos toca vivir.
  • Convocar a Asamblea Extraordinaria de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, para el día 30 de Junio de 2018.

 

FEDERACIÓN DE PSICOLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
25 de Mayo de 2018

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Cuarta Marcha Nacional por la Salud Mental: "QUE SE ESCUCHE NUESTRO CANTO, POR LA DIGNIDAD ESTAMOS LUCHANDO"

La Federación de Psicólogos de la República Argentina adhiere e invita a participar de la organización de la Cuarta Marcha Nacional por la SALUD MENTAL que tendrá como lema QUE SE ESCUCHE NUESTRO CANTO, POR LA DIGNIDAD ESTAMOS LUCHANDO.
En cada provincia, en cada localidad, se está organizando una marcha que convoca a entidades, organizaciones, trabajadores, usuarios y familiares, para volver a visibilizar y reclamar por los derechos a la salud entre los derechos fundamentales de las personas. 
 
Marcha Formosa
 
Marcha Obelisco
 
Marcha Obelisco 2
 
Marcha Resistencia
 
Marcha 5
Fepra Marcha San Juan
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Encuesta Nacional sobre la Distribución Ocupacional de los Psicólogos en Argentina

Se está desarrollando la Encuesta Nacional sobre la Distribución Ocupacional de los Psicólogos en Argentina, que se realiza dentro del marco de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA, a cargo del Lic. Modesto M. ALONSO (Director); la Lic. Paula GAGO y la Lic. Doménica KLINAR (Coordinadoras).
 
Es una encuesta de mucho interés para nuestra Federación por la variedad, pertinencia y datos que reunirá. FePRA ha participado siempre con el aporte de datos numéricos de cada jurisdicción en los relevamientos solicitados por el Lic. Modesto Alonso, quien junto a su equipo, en su extensa trayectoria de investigación constituye un referente insoslayable al momento de conocer la realidad ocupacional de los psicólogos en Argentina.
 
Lo que solicitamos en esta oportunidad, se enmarca en dar a conocer la Encuesta a los colegiados/asociados de cada entidad, invitarlos a participar, y comprometer los esfuerzos que estén a su alcance para que adquiera relevancia nacional e incluya a todos los psicólogos y psicólogas del país. 
 
A continuación la descripción que los investigadores han elegido para presentar el modelo de Encuesta y en adjunto la nota explicativa:
Este estudio intenta aproximarse a un panorama sobre la situación de los psicólogos y su práctica solicitando datos básicos como su edad, año y universidad de graduado, lugar geográfico de su práctica, áreas o especialidades de trabajo, tipos de prácticas profesionales, marcos teóricos, grupos etarios, ámbitos público/privado de su tarea, etc.
 
POR FAVOR SI YA LA RESPONDIÓ POR OTRA VIA NO LO HAGA DE NUEVO, ¡GRACIAS!
• La Encuesta es ANONIMA, no busca ni puede identificar a quien responda.
• Responderla es muy simple y lleva menos de 3 minutos mediante conexión a Internet.
• Cierra el 20 de octubre. Si ya la respondió  por otra vía no vuelva a hacerlo.
• Para Ingresar a responder por favor use esta dirección de Internet, haciendo click en este link:  https://goo.gl/forms/tn1fDFh78KcSF0pM2 

Agradecemos desde ya la atención dispensada

 

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Nuestras condolencias y solidaridad con las personas involucradas y a las familias de las víctimas de la tragedia del 25 de Junio de 2017 en la provincia de Mendoza

FePRA desea expresar mediante este comunicado sus condolencias y solidaridad a las personas involucradas y a las familias de las víctimas de la tragedia del 25 de Junio de 2017 en la provincia de Mendoza. Este tipo de situaciones traumáticas afectan en gran medida la vida de las personas,  de las familias y por ende de la sociedad en general.  
Como entidad representante de la Psicología, pensamos en la prevención y el análisis profundo de este tipo de situaciones con la finalidad de evitar que se repitan. En este sentido,  nos encontramos,  debido a distintas circunstancias y eventos ocurridos en los últimos tiempos,  abocados a la formación de la Comisión Nacional de Emergencias y Catástrofes,  tendiente a tomar intervención en este tipo de hechos con la finalidad de mitigar, en lo posible,  el dolor.

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