La salud mental de la población en riesgo

Finalizamos el año 2017 con una profundización de los embates del gobierno nacional contra la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su decreto reglamentario 603/13.

Dicha Ley fue el resultado de una ardua tarea llevada a cabo en todo el país, conjuntamente por trabajadores, usuarixs y familiares. La Ley busca asegurar los derechos de las personas con padecimiento mental, evitando privarlas de la libertad y ofreciéndoles lugares de atención y acompañamiento en sus comunidades, por parte de profesionales de distintas disciplinas. Responde a tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos  y a las recomendaciones de las Organizaciones Mundial  y Panamericana de la Salud. Es ejemplo a nivel mundial, tal como lo refleja el pronunciamiento en su defensa que se hizo en el Congreso Mundial de Psiquiatría realizado este año en Italia.

La ejecución de esta Ley implica la atención integral de personas con padecimiento subjetivo, incluyendo a quienes presentan consumos problemáticos de sustancias (adicciones). Responde a paradigmas donde todxs somos sujetxs de derechos. Esto implica el acceso a la atención por parte de un equipo de profesionales de distintas disciplinas (psicólogxs, enfermerxs, médicxs, trabajadores sociales, etc.). La internación es el último recurso y sólo es necesaria cuando las personas no pueden ser asistidas en su comunidad. Establece que los manicomios no deben existir y propone que sean sustituidos por servicios en hospitales generales y en comunidad, casas de medio camino, hospitales de día, etc.

Desde sectores de poder, han pretendido instalar que la Ley de Salud Mental deja sin atención a las personas que sufren adicciones y que son los médicos y la medicación la única forma de abordar los problemas de salud mental. Recientemente, el esfuerzo conjunto de distintas organizaciones logró detener la firma de un decreto reglamentario que contradice el contenido y el espíritu de la Ley, volviendo al modelo de aislamiento (lo que llama “internación en hospitales monovalentes”) de quienes presentan padecimiento mental. La población debe saber que tras estas afirmaciones, pretendidamente  “científicas”, se esconden intereses económicos de quienes lucran con la salud, a través del sostenimiento de instituciones privadas y/o subvencionadas por el Estado. La proliferación de medicamentos de “última generación”, cuya eficacia respecto a los tradicionales no está realmente probada, termina de configurar el negocio que la salud mental constituye para algunos sectores.

Desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina continuamos luchando por la plena vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su actual decreto reglamentario 603/13. Exigimos su cumplimiento, declarándonos en estado de alerta ante los continuos embates que viene sufriendo. Es nuestra posición ética defender el derecho de las personas con padecimiento subjetivo por sobre los intereses mezquinos de sectores corporativos.