En defensa del art. 4 de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y Adicciones

Consejo Consultivo Honorario
En defensa del art. 4 de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y Adicciones 
Los avances mundiales en materia de políticas de tratamiento de las adicciones y el consumo problemático de sustancias, han reconocido que deben ser tratadas integralmente dentro del campo de la salud y en particular, de la salud mental y promover la descriminalización de las personas que usan drogas.
Una coalición de organizaciones argentinas argumentó, en un documento presentado al gobierno nacional de cara a la participación   en  la Asamblea General  de  las Naciones   Unidas   sobre  la problemática mundial de las drogas (UNGASS) en abril de 2016, que la lógica de la criminalización no resuelve la problemática de las drogas sino que por el contrario agrava las condiciones de vida de las personas más vulnerabilizadas. 
Dichas organizaciones sostuvieron asimismo  que resulta indiscutible el fracaso del   paradigma punitivista, dados los impactos negativos que ha tenido sobre los derechos humanos, la salud y la vigencia del Estado de  derecho. 
En este sentido, la perspectiva de  reducción de daños en el abordaje de personas con consumo problemático de sustancias, ha sido adoptada por diferentes países en todos los continentes, dando lugar a experiencias innovadoras, efectivas y respetuosas de los derechos de las personas. 
En el documento conclusivo de la UNGASS 2016, la asamblea reafirmó que los Estados deben “Fortalecer la participación voluntaria de las personas con adicciones y uso problemático de drogas en programas de tratamiento con consentimiento informado,  en consonancia  con la legislación nacional, y desarrollar e implementar programas centrados en la comunidad y campañas que involucren a usuarios de drogas con tratamiento a largo plazo, cuando sea apropiado, para prevenirla marginalización social y promover actitudes no estigmatizantes”. 
El marco legal vigente en la Argentina genera posiciones contrapuestas con respecto al abordaje de personas con consumo  problemático.  En la práctica, aún prevalecen las respuestas estatales basadas en el accionar de la policía y del sistema penal como actores privilegiados. 
En este marco, el artículo 4 de la Ley 26.657 incorpora a las adicciones a la política pública general en materia de salud mental, y deviene así una garantía de  protección de los derechos de las personas con consumo problemático contra la intervención estatal desproporcionada en su vida íntima y en su salud. De este modo, el Estado argentino dio un paso hacia el cumplimiento de sus obligaciones legales nacionales e internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos en condiciones  de  igualdad, particularmente hacia grupos en situación de vulnerabilidad como  laspersonas con consumo problemático de sustancias.
La LNSM reconoce entonces que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, y que las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en  dicha Ley  en  su relación con los servicios de salud. En su capítulo VII, establece los requerimientos legales que deben cumplir las internaciones pormotivos de salud mental, tanto si son voluntarias como involuntarias, reservando estas últimas aaquellos casos en los que una evaluación profesional interdisciplinaria valore un “riesgo cierto e inminente” de daño a sí mismo o a terceros. En ningún pasaje de la Ley se insinúa la posibilidad de negar o limitar internaciones cuando la causa sea el consumo problemático de sustancias, siendo el criterio de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros el único admitido por la ley. Ante las internaciones involuntarias o aquellas voluntarias que se prolonguen más de 3 meses, se activa un mecanismo de monitoreo judicial tanto sobre la legalidad de la medida como de los progresos en el tratamiento para superar la situación crítica atravesada por la persona. 
La LNSM también crea una institucionalidad  específica para el control judicial tanto de las internaciones involuntarias como de las condiciones generales de vida en las instituciones públicas y privadas que proveen internaciones por motivos de salud mental. Particularmente, crea defensorías específicas para seguir de cerca este tipo de casos y órganos de revisión en salud mental pararecepcionar denuncias de violaciones a derechos, monitorear instituciones y hacer recomendaciones de política pública conforme a la LNSM. 
Reforzar la atención pública, universal, intersectorial e integral evita reproducir lo que en instituciones que proveen internación por motivos de adicciones se ha suscitado históricamente y todavía se suscita: graves   violaciones a los derechos humanos que   van desde abandono y negligencia hasta   ejercicio directo de torturas y tratos crueles,   inhumanos y degradantes. 
El achicamiento de los sistemas públicos de atención trajo como consecuencia la derivación a instituciones privadas como clínicas  psiquiátricas y comunidades terapéuticas   que, en algunos casos, producen la vulneración de derechos. Ello pone en evidencia que, si bien el marco normativo es garante de derechos, el Estado aún mantiene una deuda importante en la   supervision, habilitación y control de estos establecimientos privados y públicos.
Entendemos que muchas de las situaciones  difíciles por las que atraviesan las personas   con consumo problemático de sustancias, se deben, precisamente, a una deficiente implementación del esquema de protección de derechos contenido en la LNSM, por lo que una eventual derogación del artículo en cuestión, no haría más que exponer a los segmentos más vulnerabilizados de este colectivo, quienes están en condiciones de pobreza e indigencia, y que precisamente son los que más necesitan del cuidado del Estado, de su presencia activa a través de políticas de prevención.
La exclusión deliberada de algunas personas por motivos de consumo de sustancias del marco regulatorio y normativo que garantiza derechos es contrario a las reglas de un Estado de Derecho, que debe velar por la integridad de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Todas las previsiones contenidas en  el  articulado de la LNSM están dirigidas a  brindar respuestas a los padecimientos mentales, desde una perspectiva de derechos y optimizando el monitoreo judicial en un colectivo que ha sido históricamente víctima de graves violaciones a los derechos humanos. 
Este Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones rechaza todo intento de derogar el artículo 4 de la LNSM solicitando, proponiendo y exigiendo que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación haga las aclaraciones pertinentes en los diferentes ámbitos (legislativo, ejecutivo y judicial) respecto de la necesidad de crear los servicios y dispositivos que se requieran para la atención integral de las personas que usan drogas legales eilegales. 
Finalmente, este Consejo Consultivo manifiesta su alerta ante la presentación de un proyecto de Ley sobre “Internación de Adictos” en el que se pretende legislar sobre lo que la ley 26.657 prevé y garantiza, proponiendo la creación de nuevos organismos y modificaciones que entran en franca contradicción con los principios enunciados en la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones.