VI JORNADAS NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Es posible y válido promover la pregunta acerca de por qué la Federación de Psicólogos de la República Argentina, alberga en su interior una Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

También es legítimo interrogar por qué año tras año, insistentemente, la Fe.P.R.A., los colegios provinciales y Asociaciones profesionales nucleadas en la FEPRA realizan el esfuerzo denodado por generar este espacio de las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que somos los trabajadores de la salud mental quienes estamos proponiendo estos encuentros.

Estas preguntas tienen un hilo común y es el que hace referencia a explicitar la relación entre Derechos Humanos y Salud Mental. No es menor detenernos al inicio de esta Jornada Nacional para exponer la incidencia de los Derechos Humanos en nuestro Ejercicio Profesional. Es decir, para hablar del alcance y la dimensión de nuestras intervenciones.

Primero consideramos importante recordar que la psicología junto con otras profesiones, es considerada de interés público por el Estado Nacional. ¿Qué significa esto? Según el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, se consideran de interés público aquellas profesiones cuyo ejercicio puede poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes de nuestro país. La psicología se encuentra entre estas profesiones. Y al ser reconocida como tal, su práctica se encuentra imbuida de la protección y promoción de Derechos, como también de la posibilidad de su vulneración.

Entonces, la Ley Nacional de Salud Mental No 26657, y su correspondiente decreto reglamentario, retoma este reconocimiento de nuestra profesión y unido a una serie de convenciones y pactos internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, fija sus cimientos en el campo de los Derechos Humanos.
Este posicionamiento no está sostenido en el aire, sino en una prolífica historia resultado de muchos años de lucha y esfuerzo por parte de aquellos pioneros que se aventuraron en tiempos pasados, cuando estas ideas apenas eran semillas inquietantes en algunos sectores de la sociedad. Como ejemplo contamos con “El Lanús” en 1956 como experiencia rectora en materia de inclusión e integración. Asimismo, es importante recordar la adhesión de nuestro país a los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud y los Principios de Brasilia (entre otrxs plexos normativos y resoluciones internacionales).

Por supuesto que podríamos citar pactos y declaraciones donde la salud está más que claramente consagrada como Derecho Humano fundamental, pero mientras se mantengan las mismas prácticas la ley quedará como una declamación de buenos deseos y no encarnará haciéndose letra viva.

También podemos agregar que si los trabajadores de la salud mental, autoridades de los colegios profesionales y funcionarios públicos, desconocen la profunda implicancia que los Derechos Humanos tienen en las actividades ligadas a la Salud y específicamente a la Salud Mental, la ley no culminará de materializar en acciones propias de nuestro ejercicio profesional y habremos perdido la batalla por el sentido de la condición humana.

En esta dirección, la ley señala el trayecto que debemos recorrer:

  • desde el paradigma de la peligrosidad (o discapacidad) hacia el paradigma de la capacidad,
  • desde un enfoque tutelar hacia uno de derechos,
  • de la exclusión a la inclusión,
  • y desde la consideración de sujetos al derecho a sujetos de derecho.

Y para ello resulta de utilidad reconocer los vectores que recorren esta Ley que pueden ser condensados, según Enrique Carpintero, en cuatro líneas fundamentales:

  • el cuidado y promoción de los Derechos Humanos a través de ítems específicos estableciendo la defensa de los derechos de los pacientes,
  • la condición respecto a que la atención en Salud Mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario,
  • la reducción, adecuación y no proliferación de nuevas estructuras manicomiales,
  • y el acceso a la igualdad de condiciones para ocupar cargos de conducción y gestión de los servicios e instituciones para los profesionales con título de grado.

Con este encuadre, nos parece importante dar ejemplos claros de la directa vinculación algunos aspectos que le son propios a nuestra práctica con el marco de protección de derechos:

  • Internación: Primero y principal es importante señalar que la internación debe ser utilizada como último recurso. Pensemos en todos los derechos que se ven afectados al momento de internar a una persona. Y más aún si se encuentra en un estado de fragilidad psíquica. Es así que en momentos de transición de paradigma, es todo un desafío educar en lo que propone el artículo 20: “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Debemos advertir que para proceder a la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar: Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. De este modo, es parte ineludible de nuestra incumbencia transmitir estas nociones a los colegas, a los funcionarios, a las nuevas generaciones de trabajadores de la salud mental. También es nuestra labor inscribir esta perspectiva de garantías en una comunidad asediada por el terrorismo mediático, donde el prójimo es vivido como amenazante, la diferencia como inquietante y la fragilidad como un demérito personal.
  • Consentimiento Informado: La ley establece el Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que nos asisten. ¿Por qué? Porque esta ley pone en valor la presunción de capacidad de todas las personas y reconoce el Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
  • Evaluación y Diagnóstico: La proliferación de leyes por patología o la patologización de los niños, niñas y adolescentes, es un escenario al que debemos estar atentos en el sentido que nuestras intervenciones modifican severamente la vida cotidiana de los consultantes de servicios de salud mental. Estas prácticas tienen una particular vinculación con los Derechos, siendo nuestro ejercicio el instrumento mediante el cual es posible protegerlos y promoverlos
  • o vulnerarlos.

Hablamos hoy y aquí acerca de estos temas con la intención de visibilizar, esclarecer y correr del territorio de lo opinable la pertinencia de los Derechos Humanos en nuestra labor cotidiana. No es caprichoso acercar la promoción o emitir nuestro rechazo ante la vulneración de Derechos al ejercicio profesional y a toda la sociedad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha manifestado explícitamente en contra de las medidas administrativas tomadas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sostenidas en el arcaico y desestimado artículo 432 que niega los derechos conquistados por las Personas con Discapacidad al acceso a una pensión no contributiva por parte del Estado Argentino que es quien debe amparar a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad. El artículo citado carece de vigencia debido a que es una legislación contraria a la constitución y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina y se encuentra enmarcado dentro de las políticas más regresivas, expulsivas y fragmentadoras del lazo social.

En cuanto a políticas estatales de Derechos Humanos, esta comisión ve con preocupación cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso gubernamental que vuelve a intentar inscribir la narrativa que considera al terrorismo de Estado como parte integrante de una “guerra sucia” o “violencia política”. Así mismo, es abrumador observar la puesta en duda de la extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos; asistir al intento llevado adelante desde la Justicia en reducir la pena de aquellos que han cometidos crímenes de lesa humanidad, sin que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos. Este posicionamiento está sostenido en el conocimiento del daño y el escándalo que le provoca al psiquismo de una víctima, por ejemplo, encontrarse cara a cara con su victimario en la calle. Esta situación que advertimos en nuestra práctica, provenientes probablemente de otros ámbitos, se encuentra agravada porque en el caso del Terrorismo de Estado, ha sido el mismo Estado el que ha dispuesto de todos los instrumentos de represión y violencia para llevar adelante la vulneración de derechos. Y si, luego de haber conquistado Memoria, Verdad y Justicia tras años de democracia y gracias a la lucha de los organismos de Derechos Humanos, reaparece un estado que reivindica la narrativa criminal y justifica la violencia institucional, quienes han sido víctimas – en primer lugar – y la sociedad en su conjunto – en segundo – son arrojadas a un estado de vulneración psíquica y de fragilidad cívica. 

En este sentido, como trabajadores de la salud mental debemos y tenemos mucho para decir al respecto.

Después de los profundos avances logrados a través de la consolidación de políticas de Estado para la Memoria, la Verdad y la Justicia, construidas con las luchas y demandas de los organismos de derechos humanos y del pueblo en su conjunto, en este último tiempo se están produciendo retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que hemos logrado en nuestro país, conformando un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la impunidad.

Del mismo modo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos repudió enérgicamente la resolución 1003/2016 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, que deja sin efecto la 1484, de septiembre de 2015, que propiciaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos” establecido por la Ley de Salud Mental 26.657, que en lo esencial dispone “la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados” y se establecía que antes del 10 de septiembre de este año debía fijarse el “límite máximo de camas” con la finalidad de reducir las internaciones en esos establecimientos.

Esta comisión declaró que estamos ante un claro retroceso que obstaculiza gravemente la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y abre el camino al empoderamiento del sector privado, acentuando la mayor de las violaciones a los derechos de las personas con padecimiento mental, que es el acceso a los servicios de salud, como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Renovamos siempre nuestro compromiso con la lucha antimanicomial, por el respeto de los derechos humanos de los usuarios de Salud Mental y la creación y puesta en funcionamiento de los Órganos de Revisión en cada provincia, ratificando la necesidad de la plena vigencia del marco legal de la Ley Nacional de Salud Mental y exhortando a quienes tengan la responsabilidad de hacer efectivo su cumplimiento, actúen en consecuencia.

Al mismo tiempo asistimos al surgimiento de una sociedad más inclusiva, materializada en la vigencia de una nueva mirada acerca de las configuraciones familiares, las elecciones amorosas y el lugar de la mujer en los espacios de decisión. Sin embargo, estos avances encuentran obstáculos muy penosos que nos invitan a la reflexión y a la inclusión de estos temas dentro de nuestra mirada. Nos referimos a los femicidios, a los violentos ataques homofóbicos y a la exclusión del espacio del trabajo para las minorías sexuales. Decir NI UNA MENOS, luchar por el cupo laboral trans y acompañar a las familias homoparentales en la concreción de su deseo de ser madres y padres, se encuentra también en la agenda de los Derechos Humanos vinculada directamente con nuestro ejercicio profesional.

Por último, una meta que esta comisión considera irrenunciable: la restitución de la identidad de los nietxs apropiadxs durante la última dictadura. Acompañar a cada persona que busca sus orígenes es parte de nuestra tarea. El trabajo en identidad se vuelve cotidiano en el día a día de lxs trabajadores de la salud. Entonces, cuánto más entrega y compromiso merecerá tener en cuenta entre nuestras herramientas, la restitución de la identidad de lxs nietxs apropiadxs. Sabemos que para eso debemos tener ojos que puedan mirar esta situación, oídos que puedan escuchar. Y es tarea de esta Comisión de DDHH de la Fe.P.R.A. insistir sobre este tema para visibilizarlo, alentar su búsqueda y formar a nuevas generaciones de profesionales que contemplen entre sus recursos este horizonte al cual, como sociedad, no renunciaremos hasta que aparezca el último nieto.

Finalmente: 

A las nuevas generaciones les decimos y sugerimos, porque nuestra practica debes estar siempre atravesada por una postura ética, que interpelen sus prácticas a la luz de los Derechos Humanos. 

A las autoridades de los Colegios las invitamos a promover desde sus instituciones la creación de espacios de estudio, reflexión e incidencia en la comunidad en relación a los Derechos Humanos. 

A los funcionarios los invitamos a acercarse a nuestras instituciones a fin de acompañar la creación de políticas públicas que respeten las legislaciones vigentes y alienten la promoción de los Derechos de los Usuarios y el respeto de los Derechos Humanos.

Y a la sociedad le decimos que en este país hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de la Federación de Psicólogos de la República Argentina que trabaja incansablemente observando, formando e incidiendo para que se respeten los derechos de los usuarios, de los trabajadores psicólogos y de la comunidad toda en materia de Salud Mental.