DECLARACIONES

Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657

Ante el estado público de un proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (Expte Min. Sal.120020000024933166) que reemplazaría al Decreto N. 603/13 y que contradice el espíritu rector de la Ley que pretende reglamentar, la Federación de Psicólogos de la República Argentina advierte que este proyecto:
- Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, pretende reinstalar viejas practicas q ya demostraron su poca efectividad y el modelo médico de perspectiva biologicista para el tratamiento de los padecimientos mentales, desconociendo el objetivo central de Ley que aboga por un tratamiento integral de dichos padecimientos y la restitución de todos los derechos de las personas.
- Reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. 
- Habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. Y en esa misma línea, la guía para considerar una internación compulsiva, reemplaza el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros por el concepto de peligrosidad, ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales. 
- Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria.
- Incorpora requisitos de formación para el ejercicio del rol del abogado defensor que no están contemplados en la ley. 
- Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía. 
- Limita el ejercicio de contralor y participación de las organizaciones de la sociedad civil (de usuarios, trabajadores y organismos de ddhh), al quitar de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. A su vez, impone una nueva conformación plenaria del Órgano que desequilibra la pluralidad de sectores y favorece mayorías médico hegemónicas.
La Ley Nacional de Salud Mental es un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. Y a la vez, el resultado de amplios debates y construcciones colectivas que dió paso a la discusión y aporte intersectorial, interinstitucional, e interdisciplinario en la gestión de políticas públicas en salud mental. 
 
El proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas y pretende un cambio de rumbo en las políticas de salud mental. Las organizaciones firmantes iniciarán en los próximos días las actuaciones administrativas correspondientes.

En defensa del art. 4 de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y Adicciones

Consejo Consultivo Honorario
En defensa del art. 4 de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y Adicciones 
Los avances mundiales en materia de políticas de tratamiento de las adicciones y el consumo problemático de sustancias, han reconocido que deben ser tratadas integralmente dentro del campo de la salud y en particular, de la salud mental y promover la descriminalización de las personas que usan drogas.
Una coalición de organizaciones argentinas argumentó, en un documento presentado al gobierno nacional de cara a la participación   en  la Asamblea General  de  las Naciones   Unidas   sobre  la problemática mundial de las drogas (UNGASS) en abril de 2016, que la lógica de la criminalización no resuelve la problemática de las drogas sino que por el contrario agrava las condiciones de vida de las personas más vulnerabilizadas. 
Dichas organizaciones sostuvieron asimismo  que resulta indiscutible el fracaso del   paradigma punitivista, dados los impactos negativos que ha tenido sobre los derechos humanos, la salud y la vigencia del Estado de  derecho. 
En este sentido, la perspectiva de  reducción de daños en el abordaje de personas con consumo problemático de sustancias, ha sido adoptada por diferentes países en todos los continentes, dando lugar a experiencias innovadoras, efectivas y respetuosas de los derechos de las personas. 
En el documento conclusivo de la UNGASS 2016, la asamblea reafirmó que los Estados deben “Fortalecer la participación voluntaria de las personas con adicciones y uso problemático de drogas en programas de tratamiento con consentimiento informado,  en consonancia  con la legislación nacional, y desarrollar e implementar programas centrados en la comunidad y campañas que involucren a usuarios de drogas con tratamiento a largo plazo, cuando sea apropiado, para prevenirla marginalización social y promover actitudes no estigmatizantes”. 
El marco legal vigente en la Argentina genera posiciones contrapuestas con respecto al abordaje de personas con consumo  problemático.  En la práctica, aún prevalecen las respuestas estatales basadas en el accionar de la policía y del sistema penal como actores privilegiados. 
En este marco, el artículo 4 de la Ley 26.657 incorpora a las adicciones a la política pública general en materia de salud mental, y deviene así una garantía de  protección de los derechos de las personas con consumo problemático contra la intervención estatal desproporcionada en su vida íntima y en su salud. De este modo, el Estado argentino dio un paso hacia el cumplimiento de sus obligaciones legales nacionales e internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos en condiciones  de  igualdad, particularmente hacia grupos en situación de vulnerabilidad como  laspersonas con consumo problemático de sustancias.
La LNSM reconoce entonces que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, y que las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en  dicha Ley  en  su relación con los servicios de salud. En su capítulo VII, establece los requerimientos legales que deben cumplir las internaciones pormotivos de salud mental, tanto si son voluntarias como involuntarias, reservando estas últimas aaquellos casos en los que una evaluación profesional interdisciplinaria valore un “riesgo cierto e inminente” de daño a sí mismo o a terceros. En ningún pasaje de la Ley se insinúa la posibilidad de negar o limitar internaciones cuando la causa sea el consumo problemático de sustancias, siendo el criterio de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros el único admitido por la ley. Ante las internaciones involuntarias o aquellas voluntarias que se prolonguen más de 3 meses, se activa un mecanismo de monitoreo judicial tanto sobre la legalidad de la medida como de los progresos en el tratamiento para superar la situación crítica atravesada por la persona. 
La LNSM también crea una institucionalidad  específica para el control judicial tanto de las internaciones involuntarias como de las condiciones generales de vida en las instituciones públicas y privadas que proveen internaciones por motivos de salud mental. Particularmente, crea defensorías específicas para seguir de cerca este tipo de casos y órganos de revisión en salud mental pararecepcionar denuncias de violaciones a derechos, monitorear instituciones y hacer recomendaciones de política pública conforme a la LNSM. 
Reforzar la atención pública, universal, intersectorial e integral evita reproducir lo que en instituciones que proveen internación por motivos de adicciones se ha suscitado históricamente y todavía se suscita: graves   violaciones a los derechos humanos que   van desde abandono y negligencia hasta   ejercicio directo de torturas y tratos crueles,   inhumanos y degradantes. 
El achicamiento de los sistemas públicos de atención trajo como consecuencia la derivación a instituciones privadas como clínicas  psiquiátricas y comunidades terapéuticas   que, en algunos casos, producen la vulneración de derechos. Ello pone en evidencia que, si bien el marco normativo es garante de derechos, el Estado aún mantiene una deuda importante en la   supervision, habilitación y control de estos establecimientos privados y públicos.
Entendemos que muchas de las situaciones  difíciles por las que atraviesan las personas   con consumo problemático de sustancias, se deben, precisamente, a una deficiente implementación del esquema de protección de derechos contenido en la LNSM, por lo que una eventual derogación del artículo en cuestión, no haría más que exponer a los segmentos más vulnerabilizados de este colectivo, quienes están en condiciones de pobreza e indigencia, y que precisamente son los que más necesitan del cuidado del Estado, de su presencia activa a través de políticas de prevención.
La exclusión deliberada de algunas personas por motivos de consumo de sustancias del marco regulatorio y normativo que garantiza derechos es contrario a las reglas de un Estado de Derecho, que debe velar por la integridad de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Todas las previsiones contenidas en  el  articulado de la LNSM están dirigidas a  brindar respuestas a los padecimientos mentales, desde una perspectiva de derechos y optimizando el monitoreo judicial en un colectivo que ha sido históricamente víctima de graves violaciones a los derechos humanos. 
Este Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones rechaza todo intento de derogar el artículo 4 de la LNSM solicitando, proponiendo y exigiendo que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación haga las aclaraciones pertinentes en los diferentes ámbitos (legislativo, ejecutivo y judicial) respecto de la necesidad de crear los servicios y dispositivos que se requieran para la atención integral de las personas que usan drogas legales eilegales. 
Finalmente, este Consejo Consultivo manifiesta su alerta ante la presentación de un proyecto de Ley sobre “Internación de Adictos” en el que se pretende legislar sobre lo que la ley 26.657 prevé y garantiza, proponiendo la creación de nuevos organismos y modificaciones que entran en franca contradicción con los principios enunciados en la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Incumplimiento de la Ley de Salud Mental en distintas provincias de nuestro país

La Comisión Nacional de Salud Mental de la Federación de Psicólogos de la República Argentina se declara en estado de ALERTA ante el incumplimiento de la Ley de Salud Mental en distintas provincias de nuestro país. En este caso, denunciamos  que en la Provincia de Chaco se ha desjerarquizado a la Dirección de Salud Mental provincial, situación que se suma a la escasez y precarización laboral de las y los profesionales bajo su jurisdicción. Sabemos que estas situaciones resultan en la vulneración de derechos de la población que ve reducida, cada vez más, la posibilidad de contar con la atención adecuada que la ley prevé y que implica la creación de dispositivos sustitutivos, interdisciplinarios y territoriales. Manifestamos nuestro repudio ante la situación y adherimos al pronunciamiento del Colegio de Psicólogos de Chaco.

20 de Octubre de 2017
DECLARACIÓN DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL CHACO

Ante las noticias de público conocimiento en torno a la Dirección de Salud Mental en la Provincia del Chaco, el Colegio de Psicólogos del Chaco  expresa su repudio ante las medidas que el Ministerio de Salud viene tomando con respecto a la situación de los servicios de salud mental, la insuficiente dotación de recursos humanos, la escasa provisión de recursos materiales, la precariedad e inestabilidad laboral de los profesionales y ahora la desfuncionalización de la Dirección de Salud Mental. Se ha ordenado para esta Dirección un cambio de domicilio, que trae sus consecuencias, pretendiendo hacerla operar dentro de un espacio destinado a un servicio de atención tal como el Centro de Referencia en Consumos Problemáticos. Una Dirección técnica que desempeña sus funciones en uno de los dispositivos que se encuentra bajo su dependencia, reduce su competencia en el diagrama de las políticas públicas de salud y en las acciones específicas en salud mental y adicciones propias de una dirección en el ministerio.

Siguiendo el reciente decreto sobre la estructura organizativa del Ministerio de Salud Pública  (Nº 1967/17), se desprenden francas contradicciones entre este Decreto y la Ley Provincial de Salud Mental Nº 7622/15, que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.657/10 y los compromisos y convenciones internacionales.

Pareciera que se hubieran cumplido los plazos, y lo que fue un paulatino desmantelamiento de programas, recursos y profesionales de salud mental en toda la provincia, es hoy una clara evidencia del sometimiento  a las políticas nacionales en materia de salud, y el abandono de décadas de progreso y de conquistas en materia de derechos humanos, así como en modelos de asistencia y prevención en salud mental, con desarrollo de equipos territoriales, interdisciplinarios e intersectoriales.

Por ello, el Colegio de Psicólogos del Chaco expresa su repudio ante estas medidas y acompaña a los trabajadores y trabajadoras de salud mental en sus reclamos.

13 de Octubre de 2017

Día del Psicólogo en Argentina

Día 13 de Octubre de 1974. Pabellón Francia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En el día de cierre del “1º Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología”, evento que fue convocado por la COPRA (Confederación de Psicólogos de la República Argentina), se elevó una propuesta unificadora: que se declare el 13 de Octubre día del psicólogo. Una estridente ovación fue la respuesta. Quedó así instituido el “DÍA NACIONAL DEL PSICÓLOGO”.

Esos años fueron tiempos marcados por luchas gremiales y grandes desafíos para poder legitimar la práctica profesional del psicólogo. Durante el Proceso de Reorganización Nacional (dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983), todo el campo psicológico padeció persecuciones y la COPRA fue disuelta, aunque en 1977 se reorganizó bajo el nombre de Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).

Después de 43 años de luchas y logros, debemos seguir sorteando diferentes obstáculos, entre otros, a nuevos embates legales, y tal como dice en el Preámbulo del Código de Ética de la FePRA, los psicólogos debemos “propiciar para el ser humano y para la sociedad en que estamos inmersos y en la que participamos, la vigencia plena de los Derechos Humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de la libertad, la justicia social y la dignidad, como valores fundamentales de una sociedad protagonista, crítica y solidaria. Debemos entender al bienestar psíquico como uno de los Derechos Humanos fundamentales y trabajar según el ideal social de promoverlo a todos por igual, en el mayor nivel de calidad posible y con el sólo límite que la ética y la ciencia establecen, reconociendo a la comunidad como destinataria legítima de nuestros servicios profesionales”.

En esta fecha tan especial, enviamos nuestros afectuosos saludos a todos y cada uno de los psicólogos y psicólogas del país, convocándolos e invitándolos a sumar su compromiso y honor a las entidades que nos representan.

Feliz día!!

Junta Ejecutiva

FePRA adhiere y participa de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental

A los compañeros/as organizadores/as y partícipes de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental:

La Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) adhiere y paricipa de este acto con el convencimiento que debemos sostener los derechos conquistados a través de tantos años de lucha, resumidos en la Ley Nacional de Salud Mental, y avanzar en conseguir los que faltan.

En tiempos de desarticulación de lazos sociales, agruparnos y visibilizar la situación aporta a la disolución de las lógicas manicomiales.

Sigamos adelante y nos encontraremos en esos caminos.

Un fraternal abrazo.

FePRA

 

Adhesión a las manifestaciones en distintos puntos del país para el día viernes 6 de octubre de 2017

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, adhiere a las manifestaciones que a nivel Nacional se desarrollaran en distintos puntos del país,el día viernes 6 de octubre de 2017, por el Derecho a la Salud Mental,en Defensa de la Ley de Salud Mental 26657 y su Decreto Reglamentario.

Recuerda que en el :
ARTÍCULO 1°--- La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 ARTICULO 2° — Se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia Rectores; para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas. 

Esta Comisión se mantiene en alerta ante la preocupante situación que impera,frente al constante avasallamiento a una Ley Vigente por parte del mismo Estado que debiera garantizarla.

Se solidariza con los Movimientos de usuarios,familiares,trabajador@s y de Defensa de Derechos Humanos quienes se movilizan a efectos de que la sociedad visibilice la gravedad de este avance de vulneración sistemática de Derechos,que arroja como consecuencias arrasamiento de las subjetividades.

Repudia todo avance en detrimento de la Salud y de la Educación Pública y Gratuita.

Invita a l@s trabajador@s de la Salud-Salud Mental a dar debates hacia adentro de los propios colectivos,problematizando como actores sociales implicados.

Partiendo de la premisa No hay Salud,sin Salud Mental,en esta Jornada que convoca a las manifestaciones en libertad,con reflexiones,música y canto,no se puede dejar de mencionar que las garantías para una Salud Mental plena de tod@s l@s habitantes del país,deberán ir acompañadas de políticas públicas basadas en:
* Condiciones dignas de habitabilidad,trabajo,seguridad alimentaria.
* Acceso a la educación pública y gratuita,a un sistema de prevención, promoción y atención de la salud para cada tiempo vital,respetando la condición de ciudadano y el derecho pertinente. Acceso a la Justicia.
 
Por el Derecho a la Salud Mental,por el reclamo de políticas públicas inclusivas,por una sociedad más justa,libre e igualitaria,por la Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y su Decreto Reglamentario...
 #NosotrxsCantamos
"Que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando" 
SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY SALUD MENTAL. 
Seguimos preguntando: ¿dónde está Santiago Maldonado?

PRONUNCIAMIENTO de la FEDERACIÓN DE PSICOLOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA ante la REFORMA ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD de la Provincia de Salta

PRONUNCIAMIENTO de la 
FEDERACIÓN DE PSICOLOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ante la REFORMA ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
de la Provincia de Salta

 

La Federación de Psicólogos de la República Argentina ha tomado conocimiento de la situación de planteada en la provincia de Salta con relación a la pretendida reforma del Estatuto de los Profesionales de la Salud y que afecta directamente a los psicólogos y psicólogas que se desempeñan en el sistema de Salud.
La presentación del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta para la reforma de los Artículos 21 y 25 de la Ley Nº 7678 del estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública de Salta, es un claro avasallamiento a las condiciones de igualdad en el trayecto de los distintos profesionales de la salud en la carrera sanitaria, que se respaldaría solamente en la diferente duración de las carreras.
Este pretendido proyecto no toma en cuenta que las titulaciones de las Carreras Universitarias reguladas por el Estado Nacional, mediante los estándares establecidos para los planes de estudio, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre la intensidad en la formación práctica, están establecidos por el Ministerio de Cultura y Educación, y que esas variaciones no han impedido a ese Ministerio establecer  y dictaminar que el ejercicio de las mismas resultan de interés público por intervenir de modo directo en la salud de la población. El Ministerio de Cultura y Educación ha aprobado a las Universidades y acreditado a  las carreras de interés público que allí se dictan, manteniendo el otorgamiento de los títulos, considerando la duración de la carrera, las incumbencias y actividades reservadas correspondientes a cada una.
La FEDERACIÓN DE PSICÓLOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA  se expide con el apoyo al COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE SALTA, y acompaña al colectivo de los Colegios Profesionales de la Mesa de Salud, RECHAZANDO el Proyecto de reforma de la Ley Nº 7678 que desjerarquiza la profesión, no tiene en cuenta las legislaciones vigentes en materia de carreras universitarias de interés público, y avasalla los principios de la carrera sanitaria.
 
JUNTA EJECUTIVA
FEDERACIÓN DE PSICOLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 22 de Septiembre de 2017

 

Rechazo a la solicitud de derogación del artículo cuarto de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657

La Comisión de Salud Mental de la Federación de Psicólogos de la República Argentina rechaza la solicitud de derogación del artículo cuarto de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657, por parte del Diputado Felipe Solá, por considerar falaz la argumentación que trascendiera a través de los medios.

La Ley 26657 avanza en la protección de derechos de las personas con padecimiento mental, considerando las adicciones como parte de esta problemática, en el marco de garantizar abordajes acordes con los derechos humanos. No puede atribuirse a esta ley la causa de muertes, ni el padecimiento de familias. Es responsabilidad del Estado garantizar la atención de las personas con problemas de adicciones creando y transformado los dispositivos de atención para adecuarlos a sus necesidades. La ley prevé la internación involuntaria con un estricto protocolo que incluye la evaluación por parte de un equipo interdisciplinario y el control por parte de un Organo de Revisión y de la Justicia, evitando así, entre otras cosas, totalitarismos y practicas de castigo.

Consideramos que su derogación sería un grave retroceso y allanaría el terreno para vulnerar los derechos de las personas con padecimiento mental, dejando sin efecto una ley inclusiva, producto de la construcción colectiva de los actores implicados, más allá de los gobiernos de turno.

La Comisión de Salud Mental de la Federación de Psicólogos de la República Argentina se halla abocada al seguimiento de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657

La Ley Nacional de Salud Mental (Nº26.657) crea, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, con el objetivo de proteger los derechos humanos de los usuarios en los servicios de salud mental.” Presentamos aquí una de las acciones llevadas a cabo  por un Colegio provincial.

Ante de la delicada situación que atraviesa el Hospital Emilio Vidal Abal, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba realizó numerosas gestiones, que implicaron asesoría legal permanente y acciones concretas de la Junta Ejecutiva. En ese marco, en septiembre del año pasado concretó una presentación ante el Órgano de Revisión – Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el cual se expidió mediante la resolución S.E. N°3/2017. 

En la Resolución, el Órgano menciona “Que, en consecuencia, se observa que en la actualidad la Dirección del Hospital mantiene una modalidad de gestión tendiente a un mayor control sobre todas las situaciones que pudieran atravesar la estructura del Hospital, donde dichas disposiciones afectan o pueden afectar las normativas dispuestas en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 28 de la ley 26.657 y su concordante Provincial 9848” (Resolución S.E. Nº3 /2017, p.5)

A partir de la presentación del Colegio, la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Nación resolvió requerir al Ministro de Salud, Dr. Francisco Fortuna; al Sr. Secretario de Salud Mental, Dr. Néstor Filipponi; y a la Sra. Directora de Salud Mental, Lic. María Pía Guidetti a los fines que se garantice el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657) y de la ley provincial (ley 9.848) en toda su extensión. (Resolución S.E. Nº3 /2017, p.6 y 7)

De la misma manera, en el punto III de la Resolución, el Órgano notifica a la dirección del Hospital Vidal Abal a fin de solicitarle que todas las acciones que lleven a cabo tengan en cuenta lo expuesto, en relación al cabal cumplimiento de la legislación vigente en Córdoba y dentro del marco de Orden Público que establece la Ley Nacional.

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