COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FEPRA

RESPECTO AL HALLAZGO DE 46 CASOS DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL HOSPITAL BORDA.

La Comisión de Derechos Humanos de la Federación se pronuncia frente a lo sucedido el pasado 1 de noviembre cuando la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y el CELS con motivo de realizar un allanamiento en el Hospital Borda, en el marco de la investigación por la muerte de Matías Carbonell hace tres años atrás, constatan un registro de 46 personas fallecidas durante el año 2009 y 2010 en una población de 800 pacientes.

Lo que los medios han llamado como “Sorpresa en el Borda” tiene la naturalización que produce el horror ante semejante muestra de la lógica de encierro perversa que el CELS ha nombrado como “privaciones ilegítimas de la libertad”. Sin embargo no debemos desconocer que es una institución por estructura asilar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como muchas otras del país, tanto del ámbito público como también del ámbito privado que provocan muertes y afectaciones desde antaño.

Confiamos en la inmediata investigación de las autoridades sanitarias y de la Justicia, pero también solicitamos la implementación de mecanismos de regulación y control por parte del Estado para que situaciones como estas no se repitan.

Sancionada y reglamentada la Ley Nacional de Salud Mental N 26657, los ORGANOS DE REVISIÓN de cada jurisdicción deben intervenir de manera urgente para investigar y fiscalizar las internaciones de personas con padecimiento mental, con sufrimiento psíquico in extremus y velar por la protección de sus derechos, tanto en lo público como en el sector privado.

Apoyamos el Plan Nacional de Salud Mental que propone trabajar y aplicar políticas de un progresiva  creación de dispositivos intermedios y sustitutivos a la internación, que permitan lograr la desmanicomialización con los plazos de la ley, y que garanticen la sustitución del monovalente.

Noviembre 18 de 2013

La Federación de Psicólogos expresa su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema que puso fin a la controversia judicial sobre la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009 por el Congreso y frenada parcialmente por la demanda del Grupo Clarín. Hemos sostenido que sin el derecho a la plena comunicación y a la opinión con libertad, no hay democracia. Por esto es que celebrando los 30 años de vida democrática en el país, acordamos con que la Ley 26522 es la presencia legal de una sociedad de la información que respeta la dignidad humana.

Junta Ejecutiva

CABA, 29 octubre de 2013